Hasta noviembre del 2008, de acuerdo con una contabilización realizada por Gerardo Munck para la revista de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile ---y reproducida aquí por el blog Otra Mirada---, el gobierno de Alan García había aprobado, saltándose al Congreso, 244 decretos por delegación. La misma cantidad que su predecesor Alejandro Toledo en sus cinco años de mandato. García es el presidente más decretista, con la complicidad de ministros y parlamentarios. Según la Constitución, un decreto de urgencia solo debe normar situaciones extraordinarias. El Congreso, por su parte, de acuerdo con su reglamento, debe verificar que impidan un "riesgo inminente", cuya extensión "constituye un peligro para la economía nacional o las finanzas públicas". Por su parte, el Tribunal Constitucional exige que ataque hechos imprevisibles y que conciernan al interés de toda la comunidad. A contrapelo de todo esto, la situación no era extraordinaria, ni imprevisible, ni urgente: la discusión de la reforma de sueldos militar-policial está fijada para el próximo mes de junio en el Congreso.
Tomado de: Poder 360
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